Fiel al estilo mostrado hasta ahora, el lunes 17 de diciembre, durante la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el nuevo gobierno de la República nos hizo partícipes de su programa de seguridad para los próximos seis años. El escenario fue el mismo que el de aquel primer día: sobriedad, pulcritud, consenso, compromisos, listados. Una vez más, la administración que encabeza Enrique Peña Nieto quiso mostrarnos que los políticos profesionales están de vuelta; los que saben, los que no improvisan, los eficaces.

Ante la decepción de aquellos que esperaban un mapa claro de la ruta a seguir, hay que explicar, como otros ya lo han hecho, que lo del lunes 17 no fue la presentación de una estrategia, sino más bien una puesta en escena con la intención de comunicarle a la sociedad que desde hoy la seguridad del país está en manos de verdaderos administradores. Se acabó el populismo criminal. Se van los rudos, vuelven los técnicos.

Muchos fueron los mensajes que durante la sesión del CNSP se dieron en este sentido. Se nos dijo que el gobierno dejaría atrás la improvisación para abrir paso a la planeación; que la nueva burocracia se atendría a los designios de una métrica rigurosa de su progreso y rendiría cuentas claras a la sociedad sobre los objetivos y resultados alcanzados.

El nuevo gobierno nos dijo que privilegiaría la prevención sobre la disuasión generalizada mediante la atención a “factores de riesgo” comunitarios e individuales[1]. Nos dijeron también que buscarían transparentar la política de seguridad incorporando a cuadros ciudadanos en el diseño y evaluación de sus políticas y que colocarían a las víctimas –al menos a las más emblemáticas- en el centro del debate[2].

De manera implícita, al referirse de manera tangencial a los temas de drogas, narcotráfico y crimen organizado, se nos dio a entender que dejarían atrás las cruzadas ideológicas y se concentrarían en contener aquellos crímenes que a su juicio son más dañinos para la población[3]. También se nos dijo que el nuevo gobierno privilegiaría la investigación como requisito infranqueable en la repartición de culpas y penas y que respetarían la presunción de inocencia renunciando a medidas en exceso punitivas, pero poco funcionales, como el arraigo.

En este tenor, los nuevos administradores se comprometieron con la causa cientificista detrás de la idea, para muchos utópica, de la readaptación social dándonos a entender que se alejarían de la inhabilitación (o neutralización como antes le decían) como política de Estado[4]. Asimismo, el nuevo gobierno volvió a hablar de la (aún críptica) Gendarmería Nacional con la que pareciera querer abandonar el militarismo explícito y regresar a su versión descafeinada, pero todavía cuestionable, de la militarización de los cuerpos policiales.

Siempre en sintonía con el discurso de la eficacia, el nuevo gobierno manifestó su intención de liderar lo que parecería ser un salto nacional al pragmatismo, anunciando que la coordinación y no la competencia, serían la norma en el actuar de los distintos órdenes de gobierno en materia de seguridad[5]. Finalmente, el espíritu tecnócrata de la nueva administración salió a relucir cuando se habló de regionalizar la estrategia de seguridad. Con ello se dio una muestra clara de que el Presidente y su equipo han entendido que la respuesta a los problemas de seguridad se encuentra en el ámbito local y no en los fracasados recetarios de las estrategias nacionales.

De entrada considero que el mensaje es positivo y nos ofrece una sana ruptura con el pasado inmediato. Pocas cosas han sido tan dañinas para el país como la consistencia de la estrategia expresiva y politizada[6] del gobierno del expresidente Felipe Calderón. Aunque por el momento el cambio sólo se ha dado a nivel discursivo, es más que bienvenida la apuesta del nuevo gobierno por la técnica, la funcionalidad y la administración de daños en materia de seguridad. Considero que dadas las circunstancias, México no tiene otra opción. El problema criminal que se vive en el país no tiene blancos y negros. En un país con las características estructurales y geopolíticas de México (similares a las de muchos otros) no hay forma de acabar de manera definitiva con el crimen, organizado o desorganizado. Sólo se puede aspirar a reducir parcialmente su incidencia y contener su impacto en la sociedad.

Ahora bien, aunque este nuevo enfoque sea prometedor, más temprano que tarde se topará con la realidad. Resta ver si detrás del hasta ahora impecable aparato de comunicación del gobierno de Peña Nieto existen en verdad los técnicos que tanto se nos han prometido. Y por técnicos me refiero a personas capaces de implementar políticas de seguridad de manera eficaz sin exceder los límites impuestos por los derechos humanos, pero también a personas capaces de resistir las tentaciones de la politización y populismo criminal.

Por lo pronto, el gobierno ya mostró algunos puntos flacos en uno y otro rubro. En primer lugar y como algunos analistas ya han dado cuenta, muchas de las propuestas implícitas en el discurso del gobierno se antojan complicadas desde un punto de vista presupuestal y operativo. En segundo lugar, y consciente de que no se tienen pruebas concretas al respecto, el pasado 1 de diciembre durante la toma de posesión del Presidente, el gobierno federal mostró que privilegiar la eficacia no necesariamente implica respetar los derechos de las personas. También existen antecedentes asociados al nuevo gobierno de que ante las oportunidades políticas que ofrecen algunos casos criminales de renombre, en vez de atender a necesidades estratégicas de prevención y contención del delito, se ha optado por la mediatización y la politización. Finalmente, en la designación de Oscar Naranjo como asesor en materia de seguridad como respuesta a la demanda de EEUU de mantener un combate abierto frente a las drogas y el narcotráfico, el ahora gobierno nos demostró que mantenerse firme en una posición “gerencial” del crimen no es cosa fácil, sobretodo en un mundo globalizado como el nuestro.

Decía el sociólogo escocés David Garland en su libro The Culture Control que la modernidad tardía se caracteriza por el surgimiento y consolidación de un predicamento criminológico que afecta a gran parte de nuestras sociedades y el cual surge de dos fenómenos asociados a los cambios políticos y económicos de los últimos 20 ó 30 años: 1) la normalidad en torno a las altas tasas de incidencia criminal y 2) el reconocimiento, explícito o no, por parte del aparato de justicia de Estado de su incapacidad para poner fin al problema de la criminalidad[7].

Frente a dicho predicamento, continuaría Garland, algunos estados -renuentes o incapaces de reconfigurar el orden político, social y económico que ha dado pie a este descontrol- han optado por adaptarse y tratar de contener el problema (o en el lenguaje de muchos, administrarlo) enfocándose en factores de riesgo, reducir el daño social del crimen al máximo y garantizar niveles aceptables de funcionalidad (a veces sacrificando del todo la ética y la moralidad) mediante la repartición responsabilidades más allá de la esfera estatal y llevando sus capacidades en materia de política pública al límite de la creatividad y del ingenio.

Otros, aquellos que niegan la realidad del predicamento criminológico, se aferran a la idea del Estado capaz de monopolizar la violencia (cosa curiosa en una época donde se hace todo por desmantelarlo) e insisten en seguir adelante con las recetas de siempre, guiados en su mayoría por el mantra de la disuasión punitiva y generalizada. Para quiénes siguen este camino poco importa que exista evidencia que demuestre de manera contundente el fracaso de sus políticas. Para ellos, el éxito es una tarea en ciernes. Si las cosas no funcionan es porque falta por hacer o por castigar. Los partidarios de esta terquedad idealizada, pretenden llenar el déficit de descontrol asociado a los cambios estructurales que se han vivido en los últimos años incrementando los niveles de punitividad e hinchando de manera desmedida del aparato de seguridad, el cual, las más de las veces, se utiliza simplemente para explotar las oportunidades políticas que ofrece la constante urgencia de “hacer aunque sea algo”.

Así las cosas y sin mayores pretensiones de un cambio de fondo a nivel económico, político y social, el lunes durante la sesión del CNSP, Enrique Peña Nieto nos ofreció inclinarse por la adaptabilidad y la técnica (y no la punitividad) para contener y regular el impacto del crimen y la violencia en nuestra sociedad. Su oferta es interesante, pero sobretodo realista. Veremos si la promesa puede mantenerse sin violentar los derechos de la ciudadanía y si la hasta ahora bien comunicada eficacia no se torna en un simple ardid político al momento de enfrentar el tsunami de realidad que viene en camino.

Pablo Vázquez Camacho. Maestro en Política Criminal por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres.


[1] Poco se habla de ello, pero hay que alertar sobre el efecto estigmatizador que podría traer consigo este enfoque, sobretodo si comenzamos a hablar de individuos o grupos que, a diferencia de otros, presentan elementos de riesgo y por lo tanto deben ser atendidos.

[2] Vale la pena preguntarse a qué víctimas se refieren. Independientemente de la calidad de sus demandas, en el contexto mexicano, las víctimas con una voz más fuerte suelen ser poco representativas del universo de víctimas del país.

[3] Al respecto es oportuno señalar la gran omisión que implica no haber incluido ninguna consideración específica sobre la violencia doméstica y la violencia de género en el catálogo de crímenes que merecen una atención prioritaria.

[4] En este sentido habrá que estar alertas a la consolidación de las prisiones privadas en nuestro país. Para muchos, el simple hecho de privatizar la reclusión es incompatible con el ideal de readaptación.

[5] No me extrañaría que existiera un consenso nacional en torno al tema. A pesar de su fuerte carga ideológica, por alguna razón en materia de seguridad los políticos de todos colores tienden a converger. En este sentido, llama siempre la atención la incapacidad de la izquierda de construir un discurso propio en torno a la seguridad.

[6] Aquí me refiero a contenidos y tendencias generales. Por supuesto que durante la administración anterior se habló de estos temas, participaron muchos “técnicos” en el diseño e implementación de programas e incluso por momentos (sobretodo en los últimos años) predominaron criterios más pragmáticos y gerenciales en torno a la cuestión criminal.

[7] Garland, D., The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society, (Oxford: Oxford University Press, 2001)